Medicina Legal habla de 15 menores; la congresista cuenta 17 en bombardeos.
El debate en la Cámara de Representantes se activó por la preocupación sobre muertes de menores de edad durante operaciones de la Fuerza Pública. La representante Catherine Juvinao presentó un consolidado que distingue entre fallecimientos en bombardeos y en enfrentamientos, y reclamó información oficial de cinco operativos ejecutados en 2023 y 2024 en Meta, Cauca y Antioquia. El foco: cuántas víctimas hubo en cada caso y si entre ellas había niños o adolescentes.
De acuerdo con lo expuesto en el debate, Medicina Legal ha registrado muertes de menores asociadas a acciones militares en el último año, mientras que el conteo de Juvinao señala un total mayor si se incluyen eventos previos y enfrentamientos. La discrepancia abrió una discusión sobre la trazabilidad de los datos y la necesidad de estandarizar reportes forenses y posoperativos.
La Procuraduría General anunció la apertura de cinco indagaciones preliminares para verificar si se cumplieron los principios del Derecho Internacional Humanitario en las operaciones señaladas. Las averiguaciones se enfocan en la fase de planeación, la pertinencia del uso de fuerza letal, la calidad de la inteligencia previa y los protocolos de verificación posteriores al ataque.
Desde el Ejecutivo, la postura es mantener la capacidad de ataque contra cabecillas y estructuras armadas. La Presidencia ha reiterado que suspender los bombardeos cuando exista sospecha de presencia de menores puede incentivar el reclutamiento forzado, al convertir esa circunstancia en un escudo para grupos ilegales. El Gobierno insiste en que los operativos se ejecutan con medidas de precaución y en cumplimiento del DIH.
El caso de Guaviare, que incluyó reportes de varios menores entre las víctimas, detonó el escrutinio público reciente y la exigencia de explicaciones detalladas. Las organizaciones de infancia pidieron reforzar la matriz de riesgo previa a cualquier operación aérea, así como asegurar la presencia de entidades civiles en la verificación posoperativa.
En la Cámara, bancadas de distintas orillas coincidieron en que el Estado debe publicar una base de datos consolidada, auditada y con cortes periódicos. Para los congresistas, las fichas técnicas deberían incluir fecha, lugar, objetivo militar, evaluación del riesgo de presencia de NNA y el resultado de las necropsias y cotejos forenses.
Expertos en seguridad plantearon que la táctica de bombardeo es excepcional y que debe estar respaldada por inteligencia múltiple y verificación independiente. Señalaron que el estándar internacional exige documentación exhaustiva para minimizar errores, preservar evidencia y facilitar la rendición de cuentas si se detectan fallas.
El Ministerio de Defensa sostiene que las disidencias y otras estructuras emplean el reclutamiento de menores como mecanismo de protección, lo que hace más compleja la planeación táctica. Por ello, la cartera defiende medidas de mitigación que combinen vigilancia prolongada, análisis de patrones de movilidad y confirmaciones técnicas antes del empleo de fuego aéreo.
Organismos humanitarios han solicitado que, además del esclarecimiento de cifras, se fortalezca la atención a familias y comunidades afectadas, con rutas de apoyo psicosocial y garantías para la entrega digna de cuerpos e identificación forense. La transparencia, consideran, reduce la desinformación y previene la revictimización.
En comparación con experiencias internacionales, legisladores mencionaron la adopción de listas rojas de objetivos condicionadas a la confirmación negativa de presencia de NNA, así como auditorías externas periódicas. La discusión ahora transita hacia fórmulas que concilien la efectividad operativa con la protección reforzada de la niñez.
Sectores opositores pidieron responsabilidades políticas si las indagaciones comprueban fallas en la precaución o la verificación. Las bancadas del centro propusieron un registro nacional de incidentes con NNA, interoperable entre Medicina Legal, ICBF, Procuraduría y Defensa, con datos abiertos y auditoría independiente.
A corto plazo, las indagaciones disciplinarias podrían derivar en llamados de atención o en ajustes de protocolo. En el Legislativo, se estudian iniciativas para exigir matrices de riesgo estandarizadas, publicación de informes posoperativos y participación de observadores civiles cuando haya indicios de presencia de menores.
El país busca un equilibrio entre golpear a los jefes criminales y reducir al mínimo el riesgo para niños y adolescentes. La claridad de datos, la verificación independiente y la mejora de los protocolos decidirán si la táctica conserva legitimidad.
