El giro del Gobierno sobre la niñez en el conflicto, en contexto
El Gobierno colombiano ejecutó esta semana dos bombardeos contra estructuras de las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Arauca y Guaviare. En este último, murieron 19 personas y autoridades han confirmado al menos siete menores de edad entre las víctimas, además de tres adolescentes rescatados con vida.
La Presidencia sostiene que había riesgo inminente de emboscada contra un pelotón de 20 soldados por parte de una columna de alrededor de 150 hombres. El caso sacó del terreno militar el debate y lo llevó a un examen jurídico sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a un test político para el presidente Gustavo Petro.
Cuerpo
¿Qué ocurrió y dónde?
Dos ataques se dirigieron contra frentes de las disidencias de “Iván Mordisco”. El de Guaviare dejó el balance más alto: 19 fallecidos y tres adolescentes rescatados. Las labores de identificación continúan y faltan por identificar varios cuerpos, según reportes oficiales.
¿Por qué se decidió bombardear?
La Casa de Nariño argumenta que existía una amenaza inmediata contra una unidad del Ejército. En su defensa pública, Petro reconoció que asumió un “gran riesgo” y que en contextos de selva, si la inteligencia falla, puede haber menores en el área objetivo.
¿Qué dice el DIH?
Especialistas señalan tres principios clave: distinción (separar combatientes de civiles y víctimas de reclutamiento), proporcionalidad (no causar daños excesivos frente a la ventaja militar) y precaución (tomar medidas para evitar daño a la población). Varios expertos consideran dudoso el cumplimiento de la proporcionalidad en este caso.
¿Los menores pierden protección?
Organizaciones como Coalico y juristas recuerdan que niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección reforzada, incluso si han sido utilizados en hostilidades; la afirmación de que “lo que mata no es la edad, es el arma” ha sido cuestionada por desconocer ese marco.
¿Qué rol tuvo la Procuraduría?
La Procuraduría respaldó la legalidad de actuar contra menores alzados en armas, aunque este enfoque choca con lecturas de DIH que exigen precaución extrema cuando hay indicios de reclutamiento forzado.
¿Hay un giro del Gobierno?
El episodio exhibe un cambio respecto a la etapa en la que Petro, como senador, criticó bombardeos con víctimas infantiles en gobiernos anteriores. Desde 2024 se reactivaron ataques aéreos contra disidencias y el Clan del Golfo con el argumento de presión y contención del avance armado.
¿Funcionan los bombardeos hoy?
Analistas sostienen que, sin control territorial sostenido, los bombardeos tienden a golpear mandos medios fácilmente reemplazables en estructuras flexibles y móviles, distintas a los campamentos de las antiguas FARC.
¿Qué dicen las cifras de reclutamiento?
La Defensoría del Pueblo reportó 463 menores reclutados en 2024. Entre enero y junio de 2025 la entidad registró 55 casos, mientras Coalico eleva esa cifra a 175 para el mismo periodo. Estos datos obligan a reforzar la precaución antes de usar el poder aéreo.
¿Qué debe investigarse ahora?
Calidad de la inteligencia previa, munición empleada, procedimientos de verificación de presencia de menores, alternativas tácticas disponibles y protocolos de atención a sobrevivientes. La transparencia en estos puntos definirá la legitimidad del operativo.
En el Congreso se barajan citaciones al ministro de Defensa y a la cúpula militar. Organizaciones humanitarias reclaman investigación independiente, reparación a las familias y protocolos interagenciales para operaciones con señales de reclutamiento infantil.
En la opinión pública, el caso tensiona la paz total. Para unos, el operativo evitó una tragedia mayor para las tropas; para otros, evidenció fallas en distinción y proporcionalidad que erosionan la legitimidad del uso del poder aéreo.
El desafío es doble: proteger a las tropas sin renunciar al alto estándar humanitario con la niñez. Lo que se determine en esta investigación marcará la doctrina operativa y el curso de la seguridad en los próximos meses.
