El Gobierno defiende bombardeos “bajo condiciones estrictas”.
Colombia enfrenta una doble alarma: por un lado, el aumento del reclutamiento y uso de menores por parte de grupos armados; por otro, la muerte de adolescentes en recientes operaciones contra el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. El resultado es un debate nacional sobre los límites del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la eficacia de la respuesta estatal.
Los reportes más recientes confirman que 2024 cerró con un incremento de casos verificados de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, concentrados en pocos departamentos. En paralelo, Medicina Legal registró 15 menores fallecidos entre agosto y noviembre de 2025 durante bombardeos contra estructuras del EMC, lo que encendió nuevas llamadas a la precaución reforzada.
Radiografía 2024: tendencias y concentración geográfica
Naciones Unidas verificó 450 casos de reclutamiento y uso en 2024, un 42% más que en 2023, y 1.206 desde 2019. El 76% se concentró en seis departamentos —con epicentros en Cauca, Nariño y Chocó—, donde la mezcla de economías ilícitas, ausencia estatal y disputa territorial crea un “mercado” para captar menores.
Maestros y familias reportaron afectaciones a miles de estudiantes por ataques o usos de instituciones educativas, cierres temporales y amenazas a rutas escolares. La escuela deja de ser un refugio y se vuelve objetivo o vitrina de control social.
Investigadores describen una dinámica de “demanda y oferta”: los grupos requieren pie de fuerza joven, moldeable y de bajo costo; y las familias, sin ingresos estables, quedan expuestas a presiones y engaños. Esta ecuación no se rompe solo con operaciones militares; exige cambiar incentivos en el territorio.
El DIH impone distinción, proporcionalidad y precaución. En escenarios con niñas y niños utilizados por actores armados, esos umbrales se elevan: se exige inteligencia reforzada y alternativas tácticas. Las 15 muertes en operativos han reabierto la discusión sobre protocolos y selección de blancos.
Defensa sostiene que los bombardeos continuarán “cuando sean estrictamente necesarios” y responsabiliza a los grupos por usar menores. Organismos internacionales insisten en blindar escuelas, rutas y comunidades étnicas; y en priorizar prevención y protección integral.
Experiencias en África y Asia muestran que, cuando el Estado combina seguridad focalizada con ingresos legales, escolaridad garantizada y justicia restaurativa, la curva de reclutamiento desciende. Sin ese paquete, la presión armada sola suele desplazar, mas no disuadir, la captación de menores.
Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca concentran alertas por conflicto activo, minería ilegal y narcotráfico. Comunidades reclaman presencia diaria de ICBF y Defensoría, patrullajes con enfoque protector y empleo juvenil que compita con la economía ilícita.
Las investigaciones abiertas deben aclarar la cadena de decisiones, la calidad de la información previa y las alternativas consideradas. Esto no solo fija responsabilidades, también actualiza manuales operacionales y reconstruye confianza.
Desde la oposición se cuestiona la coherencia del Ejecutivo frente a bombardeos con menores. Sectores del Gobierno replican que el objetivo es desmantelar redes que reclutan niñez. En redes y cabildos, el clamor es unánime: “protejan a nuestros hijos antes que cualquier operación”.
Sin atacar causas —pobreza, ausencia de Estado y control armado—, el ciclo se repetirá. La ruta exige prevención temprana, protección efectiva y justicia para quienes ya fueron reclutados. Las investigaciones seguirán marcando el tono del debate en las próximas semanas.
El país tiene una oportunidad: pasar de la reacción a la prevención con enfoque territorial. Si la política pública alinea seguridad con derechos, la curva del reclutamiento puede ceder. La historia no termina aquí: habrá que seguir cada ajuste operativo y cada inversión que llegue a las zonas críticas.
