Gremios 24/7 proponen un aumento con base en indicadores.
Bogotá. El debate del salario mínimo 2026 se mueve sobre dos cifras clave: una inflación anual del 5,51% y una productividad de 0,91%. Para los sectores con operación 24 horas, 7 días, estos indicadores deberían marcar el techo de un ajuste que preserve el empleo sin encarecer de forma crítica sus costos fijos.
La alianza Somos Uno, integrada por COMCE y Fendipetróleo, recuerda que la red minorista de combustibles está compuesta por 6.400 estaciones que sostienen más de 50.000 empleos formales. Con márgenes regulados y turnos nocturnos permanentes, advierten que incrementos por encima de la regla inflación + productividad presionarían cierres y reducción de horarios.
En el centro del argumento está la estructura de costos: en una operación que nunca se apaga, el costo laboral no solo es el salario base, sino los recargos nocturnos, dominicales y festivos. A diferencia de sectores con libertad de precio, aquí no hay espacio para trasladar aumentos al consumidor con igual velocidad.
Las estaciones en municipios intermedios y zonas rurales enfrentan un punto de equilibrio más estrecho. Cualquier alza que supere la productividad real obliga a recortar turnos, afectando la continuidad del servicio y, en ocasiones, la seguridad vial y la logística local, donde una sola estación puede ser el principal proveedor de combustible.
Bajo ese panorama, el gremio propone que la discusión priorice un ajuste técnico apoyado en datos observables, acompañado de medidas complementarias para mantener la operación en territorios con baja demanda, como incentivos a la formalización, alivios transitorios o revisión de márgenes donde la sostenibilidad esté en riesgo.
El lado laboral insiste en que la prioridad es recuperar el poder adquisitivo perdido durante el ciclo inflacionario reciente. Para los sindicatos, un aumento tímido perpetuaría la brecha entre salarios y canasta básica, especialmente para hogares encabezados por mujeres y jóvenes, dos grupos con fuerte presencia en el expendio de combustibles.
La mesa tripartita deberá resolver el dilema clásico: subir salarios sin destruir empleo. Analistas ubican el rango técnico entre 6% y 6,5%, mientras posturas más ambiciosas piden cifras de doble dígito para acelerar la recuperación del ingreso real, un escenario que los 24/7 consideran inviable bajo su marco regulatorio.
La experiencia comparada sugiere caminos intermedios: compensaciones focalizadas a sectores con operación continua y monitoreo de productividad para que los incrementos salariales tengan un anclaje real. Al mismo tiempo, fortalecer inspección y vigilancia garantizaría cumplimiento de estándares laborales y evitaría la precarización.
El plazo político aprieta: el Gobierno busca un acuerdo antes del 30 de diciembre; si no lo hay, podría fijar el aumento por decreto. En cualquiera de los escenarios, la red 24/7 espera que se reconozcan sus particularidades para no apagar un servicio que sostiene el tráfico, el comercio y la movilidad cotidiana.
Universidades y centros de pensamiento ven razonable partir de la fórmula IPC + productividad como referencia, con márgenes para políticas de apoyo transitorio donde la evidencia muestre riesgo de cierre. Los gremios celebran el enfoque técnico; las centrales obreras piden que no se sacrifique el poder de compra de los hogares.
En la opinión pública, crece la preocupación por el impacto en horarios y cobertura. Para los usuarios de periferias urbanas y corredores logísticos, perder un turno nocturno se traduce en costos adicionales y menos alternativas de abastecimiento.
El salario mínimo 2026 se definirá entre datos duros y realidades del territorio. Un ajuste alineado con inflación y productividad, sumado a apoyos puntuales, aparece como la salida más estable para proteger empleo y servicio.
