Dos metodologías, resultados opuestos
El choque de cifras entre el Distrito y la Nueva EPS no es solo político; es contable. La Secretaría de Salud de Bogotá sostiene que la cartera exigible con las subredes públicas se triplicó en poco más de un año, mientras la EPS afirma que el monto real debe depurarse con glosas, conciliaciones y giros recientes. La diferencia de metodologías crea diagnósticos opuestos sobre la solvencia y la oportunidad de pago.
Según la Alcaldía, la deuda exigible pasó de $35.334 millones (abril de 2024) a $90.558 millones (septiembre de 2025). Por subred, el incremento fue consistente: Centro Oriente, Norte, Sur y Suroccidente reportaron aumentos de doble dígito. Con esa foto, el secretario Gerson Bermont relaciona el deterioro con las intervenciones a EPS.
La Nueva EPS contesta que sus números incluyen radicaciones, cuentas en conciliación y giros que reducen el saldo neto. Entre abril y diciembre de 2024 registró radicaciones por $69.407 millones y giros por $45.057 millones; entre enero y septiembre de 2025, radicó $86.396 millones y giró $74.636 millones. Bajo ese enfoque, la obligación efectiva sería menor a la reportada por el Distrito.
El impacto financiero ya se siente en los servicios: el Distrito reporta urgencias al 320% y un 16% de pacientes provenientes de otras regiones, lo que tensiona las cuatro subredes y encarece la operación. Prestadores advierten que el desfase entre prestación y pago golpea caja, programación de cirugías y compra de medicamentos.
La Personería de Bogotá recibió 1.943 quejas de afiliados de la Nueva EPS entre enero y septiembre de 2025, principalmente por demoras en medicamentos y dificultades para conseguir citas. Para los entes de control, la intervención estatal no ha corregido aún los problemas estructurales.
Otro punto candente es la UPC, la prima por cada afiliado. Autoridades locales y expertos sostienen que su valor no cubre el costo real de la atención. En ese contexto, si las EPS no giran al ritmo de la producción hospitalaria, la cartera crece y la red pública se ve obligada a priorizar urgencias.
La gobernanza también pesa. Cambios de superintendentes e interventores generan intermitencia en los correctivos. El 15 de noviembre fue nombrado Luis Óscar Gálvez como nuevo interventor de la Nueva EPS, el tercero en poco más de un año, elevando la curva de aprendizaje en un momento crítico.
En regiones como Cesar se han encendido alertas por continuidad de servicios ante la falta de flujo de recursos. Aunque Bogotá concentra la discusión, el caso capitalino funciona como termómetro de una crisis nacional en la relación EPS–prestadores.
El Distrito pide continuidad regulatoria y pagos oportunos; la EPS propone mesas técnicas para depurar cuentas y reconocer glosas válidas. En el medio, los hospitales ajustan compras y agendas, y los usuarios esperan respuestas tangibles en tiempos de entrega y acceso a citas.
Gremios de prestadores reclaman un flujo mínimo garantizado y cronogramas de pago verificables. Desde la EPS insisten en que las diferencias se están conciliando y que los giros de 2024–2025 mejoraron el panorama, aunque el Distrito mantiene que la presión asistencial no cede.
La salida pasa por conciliaciones con fecha, giro oportuno y una eventual revisión de la UPC. Si los indicadores de urgencias y quejas bajan, el sistema respirará; si no, la brecha contable seguirá convirtiéndose en tiempos de espera.
