La justicia validó el primer acto y frenó la “corrección” del CSU.
En cuestión de meses, la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia pasó de una consulta con mayoría para Leopoldo Múnera a un fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento. La decisión reordenó el tablero institucional y volvió a poner a José Ismael Peña en el centro del escenario.
El eje del caso fue competencial: la alta corte sostuvo que el Consejo Superior Universitario (CSU) no tenía facultad para reabrir un proceso ya decidido y expedir un nuevo acto definitivo. Así, la designación posterior de Múnera quedó sin efectos.
Hito 1. Consulta de 2024. La comunidad universitaria participó en una consulta no vinculante en la que Múnera obtuvo la mayoría. Aunque expresaba preferencias del campus, no obligaba al CSU en su decisión final.
Hito 2. Elección de marzo. En marzo de 2024, el CSU designó a José Ismael Peña como rector, acto que según el fallo gozaba de presunción de legalidad desde su expedición.
Hito 3. Escalada de tensión. La elección desató protestas, paros y tomas en varias sedes. Hubo reclamos por la distancia entre la consulta y el resultado del CSU, y llamados a revisar el proceso.
Hito 4. Cambio de rumbo. En junio de 2024, el CSU nombró a Leopoldo Múnera, invocando la necesidad de corregir el trámite previo. Para el Consejo de Estado, esa “corrección” no era posible sobre un acto definitivo.
Hito 5. Demanda y sentencia. La Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que sólo la jurisdicción contenciosa podía desmontar el acto inicial. Por eso, declaró nula la designación de Múnera y validó la primera elección.
Qué cambia con el fallo. La sentencia reafirma la intangibilidad del acto administrativo firme y delimita el alcance de la autonomía universitaria: los órganos internos no pueden revocar por sí mismos decisiones definitivas.
Las rutas posibles. Tras la decisión, juristas plantean dos caminos: restitución de Peña coherente con la validación del acto inicial o nueva sesión del CSU para ordenar la transición según el fallo y el estado actual de la administración.
El impacto en el campus. Facultades y colectivos estudiantiles debaten si impulsar asambleas o priorizar el calendario académico. Profesores y administrativos piden certidumbre para contratación, matrícula y ejecución presupuestal.
Lecciones institucionales. La UNAL deberá clarificar el peso jurídico de la consulta, la técnica normativa de sus acuerdos y los protocolos para que la rectoría no vuelva a depender de mayorías cambiantes o vías de hecho.
Sectores que apoyaron a Múnera calificaron la decisión como un retroceso y evalúan movilizaciones. Voces cercanas a la primera elección piden acatar de inmediato la sentencia y normalizar funciones.
Peña manifestó que asumirá cuando el fallo quede ejecutoriado; Múnera dijo que acatará la decisión, aunque cuestionó el estándar aplicado a los dos CSU. El Consejo prepara una sesión para definir la transición.
El reto es convertir la sentencia en estabilidad: cumplir la ley, proteger la autonomía y asegurar el servicio educativo sin nuevas interrupciones. La comunidad espera señales claras.
