Solo un concejal presentó excusa; seis asistieron.
Cali amaneció de nuevo sin contralor en propiedad tras caerse la sesión clave en el Concejo. La plenaria, citada para escuchar a la terna y avanzar en la elección, se frustró por la ausencia de 15 cabildantes; únicamente uno radicó excusa formal. La interinidad, que ya suma meses, mantiene bajo presión el control del gasto público local.
Al recinto acudieron seis concejales, entre ellos el presidente Edison Lucumí, además de Ana Erazo, Roberto Ortiz, Flower Rojas, María del Carmen Londoño y Rodrigo Salazar. Sin el mínimo deliberatorio, no fue posible abrir la exposición de los aspirantes ni votar, por lo que la Mesa Directiva anunció una nueva convocatoria.
Más allá del traspié político, la parálisis tiene efectos concretos: sin un contralor en propiedad, las auditorías estratégicas, los planes de mejoramiento y las alertas tempranas se dilatan. En cierre de año, la ciudad necesita una cabeza de control para revisar ejecución presupuestal, vigilar contratos y emitir advertencias con respaldo institucional.
El procedimiento frustrado incluía la presentación de hojas de vida, el plan de vigilancia a recursos y un bloque de preguntas. La expectativa era resolver el vacío antes del fin de semana. Sin embargo, la aritmética del quórum frenó nuevamente el calendario y encendió la discusión sobre responsabilidades individuales de cada curul.
Desde el estrado, los asistentes lamentaron el episodio. Hubo llamados a “debatir en el recinto y no ausentarse”, y disculpas a la ciudadanía y a los aspirantes. En paralelo, líderes cívicos recordaron que la figura del contralor no es decorativa: es quien ordena auditorías, formula hallazgos y protege la caja pública.
La veeduría ciudadana encabezada por Angello Vásquez anunció acciones legales para exigir explicaciones sobre las ausencias y evaluar posibles faltas disciplinarias. El abogado Eduardo Castillo anticipó denuncias por presunto incumplimiento de deberes, lo que podría abrir un carril jurídico si no hay justificación documentada.
En redes y chats comunitarios circularon críticas a los ausentes y llamados a publicar listados de asistencia. Organizaciones empresariales también manifestaron inquietud: sin contralor en propiedad, la percepción de riesgo aumenta y puede afectar la confianza en la gestión de proyectos prioritarios.
El episodio se suma a antecedentes en otras capitales, donde interinidades en órganos de control han derivado en controversias y órdenes judiciales. Expertos consultados subrayan que la previsibilidad institucional es clave para la ejecución presupuestal y el cierre de vigencias.
La presidencia del Concejo reprogramó la cita para el día siguiente, con el compromiso de garantizar transparencia y transmisión pública. Los aspirantes confirmaron disponibilidad para exponer su hoja de ruta en control fiscal, control preventivo y rendición de cuentas.
En el corto plazo, la salida depende de la asistencia y la votación. Cada jornada perdida prolonga el riesgo de decisiones demoradas y auditorías diferidas. La ciudadanía reclama celeridad y formalidad plena del proceso.
Gremios y veedurías pidieron sanciones internas cuando haya ausencias injustificadas y reglas claras de permanencia en sala. Advirtieron que la continuidad de la interinidad puede afectar la oportunidad de hallazgos y el cumplimiento de planes.
El Concejo aseguró que velará por el cumplimiento del reglamento, que publicará las citaciones con antelación y que garantizará el derecho de los aspirantes a presentar sus propuestas en plenaria.
Cali necesita un contralor en propiedad para blindar su ejecución presupuestal y fortalecer la vigilancia al gasto. La decisión está en el quórum y la voluntad de votar.
