Gobierno defiende operación; organismos piden investigación.
La jornada comenzó con reportes de una operación aérea contra disidencias de las Farc en Guaviare, un corredor clave para economías ilegales y movilidad de grupos armados. Pronto se conoció que habría menores de edad entre las víctimas, presuntamente reclutados forzosamente por la estructura bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.
La Defensoría del Pueblo habló de seis menores fallecidos, mientras Medicina Legal informó siete. La discrepancia alimentó la controversia sobre planeación, inteligencia y protocolos de ataque. El presidente Gustavo Petro defendió el operativo alegando que evitó una emboscada contra tropas, una explicación que encendió críticas y comparaciones con posturas oficiales previas.
Horas antes del ataque, fuentes militares monitorearon un campamento señalado como punto de mando y logística. Con condiciones meteorológicas favorables y confirmación de presencia de mandos medios, se autorizó el bombardeo. Tras el impacto, llegaron patrullas para asegurar el área y hacer levantamientos con presencia de autoridades judiciales.
Mientras equipos forenses avanzaban en las identificaciones, la Defensoría consolidó reportes comunitarios que apuntaban a seis menores. Medicina Legal, al procesar necropsias y cotejos, habló de siete. Esta diferencia, aunque frecuente en escenarios complejos, exige aclaración oficial y comunicación transparente con las familias.
El Ministerio de Defensa sostiene que el objetivo era legítimo y que la operación siguió las reglas del DIH. El argumento central: neutralizar una amenaza inminente y degradar la capacidad ofensiva de un grupo con historial de reclutamiento infantil y ataques a la Fuerza Pública.
El principio de distinción obliga a separar combatientes de civiles; la proporcionalidad impide daños colaterales excesivos frente a la ventaja militar. Además, cuando se sospecha presencia de niños soldados, la doctrina recomienda cautela reforzada, inteligencia multifuente y posibilidad de abortar si el riesgo es alto.
Guaviare es un nudo selvático donde confluyen ríos y rutas clandestinas. Las comunidades han denunciado presiones, desplazamientos y reclutamientos. Las operaciones militares conviven con vacíos institucionales y economías ilícitas que alimentan la persistencia de los grupos.
Casos similares en otros países muestran que las fuerzas estatales han ajustado tácticas: preferencia por capturas de oportunidad, mayor uso de ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) y munición guiada de precisión con ventanas temporales “libres de menores”.
Organizaciones civiles solicitan informes técnicos públicos, verificación independiente y acompañamiento psicosocial. Piden, además, reparación integral y garantías de no repetición, con énfasis en prevención del reclutamiento y atención a escuelas y familias en riesgo.
El espectro político se alineó entre defensas de la operación y críticas por la incoherencia del Gobierno frente a los antecedentes. Entes de control y justicia podrían abrir indagaciones para precisar responsabilidades y revisar reglas operacionales cuando hay posible presencia de menores.
A futuro, la clave estará en elevar el umbral de certeza antes de un ataque, fortalecer programas de prevención del reclutamiento y garantizar verdad y reparación. El país espera respuestas completas.
