La joven murió tras recibir un disparo de fusil en la cabeza en Chiscas
La muerte de Liliana Cruz, una joven trabajadora social de 25 años, pasó en cuestión de minutos de ser una tragedia local a convertirse en un caso judicial de alto impacto en Boyacá. La noche del 19 de noviembre, en el municipio de Chiscas, la mujer recibió un disparo en la cabeza cuando su esposo, un subteniente de la Policía Nacional y comandante de la estación del pueblo, manipulaba su fusil de dotación. Hoy, la Fiscalía intenta determinar si se trató de un accidente, de una grave negligencia o de un crimen con posible enfoque de género.
Según la versión conocida hasta ahora, el oficial habría accionado de manera involuntaria el arma oficial que portaba, un fusil de asalto asignado por la situación de orden público en la zona. El proyectil impactó de forma letal a Liliana, generando conmoción en Chiscas, un municipio que en los últimos días ya venía marcado por alertas de seguridad alrededor de instalaciones militares en el departamento.
Tras los hechos, el subteniente puso en conocimiento a sus superiores y la joven fue trasladada de urgencia al hospital del municipio, donde llegó sin signos vitales. El centro asistencial solo pudo confirmar su fallecimiento, mientras la noticia se regó entre el personal médico, autoridades locales y habitantes del pueblo, que conocían a la víctima por su trabajo con comunidades vulnerables.
De inmediato, la Fiscalía asumió el caso y ordenó la incautación del arma de dotación y la preservación de la escena para adelantar estudios técnicos. Peritos balísticos trabajan en el trazado de la trayectoria del disparo, la distancia a la que fue accionado el fusil y la posición del subteniente y de la víctima en el momento del impacto, elementos que resultan claves para establecer el tipo de responsabilidad penal.
El proceso incluye, además, la toma de entrevistas a otros uniformados, vecinos y personal de salud que tuvo contacto con la pareja esa noche. También se indaga la existencia de posibles antecedentes de violencia intrafamiliar, llamadas a líneas de atención o denuncias previas que pudieran modificar la mirada sobre el caso, especialmente ante la posibilidad de que la muerte de Liliana encaje en la figura de feminicidio.
La defensa del subteniente insiste en que se trató de un homicidio culposo, es decir, sin intención de causar la muerte, originado en un error al manipular el fusil. Argumenta que el arma le había sido asignada recientemente, en medio de alertas de seguridad en Boyacá, y que el oficial no tenía interés alguno en atacar a su esposa, con quien construía un proyecto de vida en Chiscas. Esa será la versión que deberá contrastar la Fiscalía con las pruebas técnicas.
A la par del proceso penal, la Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria interna para determinar si el oficial incumplió protocolos de seguridad con el armamento, si recibió capacitación suficiente y si hubo fallas de supervisión en la entrega y el manejo del fusil. Este tipo de responsabilidades administrativas pueden derivar en sanciones que van desde suspensiones hasta la destitución del cargo.
El caso se suma a episodios previos, tanto en Colombia como en otros países, en los que disparos de armas oficiales en contextos domésticos han terminado con la muerte de mujeres. Organismos de derechos humanos y observatorios de feminicidios han advertido que, en varios de esos antecedentes, los hechos se presentaron inicialmente como accidentes, pero la investigación reveló patrones de violencia de género no detectados a tiempo.
En medio del avance del expediente, organizaciones de mujeres y sectores ciudadanos han pedido que el caso sea abordado con enfoque de género y con absoluta transparencia. Para ellas, la clave está en no descartar de entrada ninguna hipótesis y en garantizar que las pruebas técnicas, los testimonios y los análisis psicológicos del oficial sean valorados con rigor y sin presiones corporativas.
La familia de Liliana, que recibe el cuerpo de la joven entre homenajes y muestras de cariño, exige que el proceso no se estanque. Su historia, la de una profesional dedicada al trabajo social que murió por un disparo de un arma destinada a proteger a la ciudadanía, se ha convertido en símbolo de las preguntas que hoy pesan sobre el caso. Cada avance judicial es seguido de cerca por la comunidad de Chiscas y por su municipio de origen.
En Chiscas, las autoridades locales han pedido calma, pero también claridad. La ciudadanía espera que la Fiscalía defina pronto si imputará al subteniente por homicidio culposo, feminicidio o alguna otra figura penal, y que la institución policial explique qué medidas tomará para evitar que tragedias similares ocurran con armas de dotación. La historia de Liliana Cruz sigue interpelando a la justicia colombiana.
