Negociación salarial arranca el 1 de diciembre; las PYMES ya hacen sus cuentas.
El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que fija la inflación anual en 5,51 % para octubre de 2025 se convierte en un balde de agua fría para muchas empresas que ya están previendo el ajuste del salario mínimo en 2026. Ese porcentaje fija el piso técnico de la negociación que abrirá mesa el próximo 1 de diciembre.
Para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que concentran el mayor número de contratos formales, el cálculo no se limita al alza salarial: también implica proyectar aumento en auxilio de transporte, cargas sociales y costos asociados a la nómina. El desafío será balancear el incremento con el mantenimiento del empleo formal.
El salario mínimo para 2025 se ubicó en aproximadamente $1.423.500 (sin auxilio de transporte), luego de un aumento del 9,53 %. Esa base es la que se toma para 2026 como referencia.
Si se aplicara únicamente el alza equivalente a la inflación del 5,51 %, el resultado sería cerca de $1.502.000 sin auxilio de transporte. A ello podrían sumarse entre 1,5 y 2 puntos por productividad, lo que empujaría el alza al orden de 6,5 %‑7,5 %.
Para una empresa mediana que tenga 50 empleados al salario mínimo, un aumento de incluso 6 % implicaría un gasto adicional significativo mensual: cada aumento de $90.000 por contrato puede sumar varios millones al mes en conjunto.
Gremios empresariales recuerdan que el contexto económico no está para grandes saltos: crecimiento moderado, empleo aún precario y presión de costos en energía, arriendo y transporte.
En este sentido, un aumento moderado favorece mantener la formalización y competitividad; un aumento mayor podría desincentivar nuevas contrataciones o incluso aumentar la informalidad.
El papel de la productividad laboral es central: una productividad creciente permitiría justificar un alza más robusta sin que el costo unitario laboral se dispare. Pero si la productividad es baja o decreciente, el margen para subir se reduce.
Sectores intensivos en mano de obra—como comercio minorista, servicios de atención, agropecuario—serán los más expuestos a cualquier incremento del salario mínimo. Estas empresas suelen tener márgenes estrechos y poca capacidad de trasladar costos al cliente.
El proceso de negociación para definir el salario mínimo 2026 arranca formalmente el 1 de diciembre, cuando se instala la mesa tripartita entre Gobierno, empleadores y trabajadores. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo podrá fijarlo por decreto.
En la práctica, muchas empresas ya están elaborando escenarios con incrementos de nómina, revisando presupuestos de 2026 y proyectando efectos en carga social, sistema de pensiones y cajas de compensación.
De cara a los próximos meses, el reto estará en que la cifra final sea viable para las empresas, justa para los trabajadores y compatible con la dinámica macroeconómica.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que un aumento excesivo podría comprometer la formalización y la competitividad de las PYMEs. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostiene que ya hay pérdida de poder adquisitivo y pide un alza significativa.
Economistas señalan que un ajuste entre 5,5 % y 7 % podría ser el equilibrio apropiado: suficiente para proteger al trabajador sin sobrecargar al empleador. Pero advierten que cada punto porcentual adicional implica un “peso” importante en la estructura de costos empresariales y podría repercutir en precios, empleo o informalidad.
Mientras la mesa del salario mínimo se prepara para instalarse el 1 de diciembre, el sector empresarial hace cuentas —no solo de la tasa de aumento, sino de su impacto total— y espera que el acuerdo final encuentre un balance entre gasto laboral, competitividad y empleo formal.
