La Fiscalía lo señala por el ‘caso FUCOSO’, ligado a contratos para adultos mayores.
La mesa ya está servida en el expediente judicial que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación le imputó seis delitos por su presunta participación en un entramado de corrupción ligado a la contratación de programas para adultos mayores en la Gobernación del Atlántico, conocido como el “caso Fucoso”. El escenario escogido fue el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, donde se viene desarrollando la diligencia.
En la audiencia, reanudada el 26 de noviembre, el juez le pidió a Petro responder uno a uno si aceptaba o no los delitos formulados: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. El exdiputado reiteró la misma frase para cada uno: “no aceptó”, dejando constancia formal de que no se allanó a ninguno de los cargos.
La acusación se sustenta en dos contratos suscritos entre 2021 y 2022 entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), por valores cercanos a los 400 y 572 millones de pesos. Estos convenios tenían como objetivo desarrollar proyectos de atención a adultos mayores, pero, según la Fiscalía, habrían servido de vehículo para apropiarse de recursos públicos que terminaron en manos de particulares, entre ellos Nicolás Petro y su círculo cercano.
El primer bloque de delitos está asociado al interés indebido en la celebración de contratos. Aunque Petro no era ordenador del gasto, el ente acusador sostiene que, como diputado del Atlántico y figura política influyente, habría intervenido para direccionar la contratación a favor de Fucoso. Esa supuesta intervención irregular, que habría condicionado decisiones administrativas de funcionarios departamentales, es la base jurídica de este cargo.
Un segundo grupo de señalamientos tiene que ver con el peculado por apropiación. De acuerdo con la tesis fiscal, una parte de los recursos pactados en los contratos nunca se destinó al objeto contractual. La imputación habla de cerca de 111 millones de pesos que se habrían desviado a través de anticipos, cheques y entregas en efectivo para beneficiar a Petro y a otros involucrados. Esos movimientos, canalizados de forma fraccionada y en espacios privados, son presentados como evidencia de la apropiación indebida de dineros públicos.
El tercer frente penal es el tráfico de influencias. La Fiscalía argumenta que el hijo del presidente habría acudido a su peso electoral y a su posición como diputado para presionar a la Gobernación del Atlántico, al entonces secretario general y a otros funcionarios, con el fin de asegurar la firma, modificación y ejecución de los contratos de Fucoso. No se trataba solamente de recomendar a una fundación, sino de incidir, de manera determinante, en la decisión pública para obtener beneficios económicos.
La imputación incluye, además, los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Según el expediente, se habrían elaborado certificaciones sobre supuestos abonos para la compra de vivienda y una relación laboral discutida, que no corresponden con la realidad. Estos documentos, inicialmente privados, habrían sido luego incorporados a sistemas oficiales y a declaraciones de renta, dándoles apariencia de legalidad y configurando la falsedad en registros públicos.
El cargo de falso testimonio implementó inicialmente el paquete de imputaciones, al considerar la Fiscalía que algunas declaraciones de Petro no se ajustaban a la verdad dentro del proceso. Sin embargo, en la misma audiencia el ente acusador decidió retirar ese delito, argumentando concurso aparente de tipos penales: el comportamiento quedaría comprendido en la falsedad ideológica en documento público, que ofrece una calificación más precisa. El juez avaló esta modificación.
Así las cosas, el proceso se desarrolla en paralelo a otro expediente que Nicolás Petro ya enfrenta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ligado a dineros irregulares que habrían ingresado a su entorno desde 2022. Aquellas revelaciones, hechas por su exesposa Day Vásquez, ya habían sacudido a la opinión pública y a la Casa de Nariño. Hoy, con el “caso Fucoso”, el panorama judicial del exdiputado se hace todavía más complejo.
La audiencia de medida de aseguramiento está prevista para el 2 de diciembre. En esa sesión, la fiscal del caso expondrá las razones por las que considera necesaria una medida restrictiva de la libertad, mientras que la defensa insistirá en que el exdiputado no representa un riesgo para el proceso y puede seguir compareciendo en libertad. El juez deberá evaluar criterios como la posible obstrucción a la justicia, el peligro de fuga y el riesgo de reiteración delictiva.
En el plano institucional, este expediente vuelve a medir la capacidad del sistema judicial para procesar a personas cercanas al poder y, al mismo tiempo, reaviva los debates sobre la corrupción en programas sociales. Lo que se decida en las próximas audiencias no solo marcará el futuro penal de Nicolás Petro, sino que también será leído como un mensaje sobre el alcance real de la lucha anticorrupción en Colombia.
