Se intervinieron 8 unidades y se inutilizó equipo crítico.
El Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía realizaron un operativo en la vereda Puerto Santo de Cáceres (Bajo Cauca, Antioquia), donde intervinieron ocho unidades de producción minera ilegal. En el lugar fueron destruidas cinco excavadoras, además de equipos complementarios usados para la extracción aluvial de oro.
Según el balance oficial, el material neutralizado incluye tres motores industriales, tres motobombas, cinco clasificadoras, 1.600 metros de manguera y 1.360 galones de ACPM, con un avalúo superior a $3.000 millones. La estructura afectada estaría al servicio del Clan del Golfo, indicaron las autoridades.
En la zona intervenida se evidenciaban frentes activos junto a fuentes hídricas, con sistemas de bombeo y clasificación trabajando de forma continua. La destrucción controlada de la maquinaria se ejecutó bajo protocolo para impedir su reutilización y reducir riesgos operacionales en un terreno de difícil acceso.
La operación fue liderada por la Brigada contra la Minería Ilegal y el Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, con apoyo de inteligencia militar y peritos de hidrocarburos. El objetivo inmediato: interrumpir el ciclo de extracción y elevar el costo de reposición de la infraestructura ilegal.
Como antecedente, a menos de un mes se reportó otra intervención en la vereda San Lorenzo (Cáceres), donde se intervinieron cuatro unidades y se hallaron dos excavadoras operando para una red con capacidad de 12.000 gramos de oro mensuales y ganancias cercanas a $5.000 millones. Ese patrón sugiere una capacidad industrial sostenida en la subregión.
Los impactos ambientales del modelo aluvial ilícito en el Bajo Cauca incluyen deforestación, sedimentación y contaminación por combustibles. Las excavaciones generan cráteres y lagunas que demandan procesos costosos de restauración y alteran la dinámica del río Cauca y sus afluentes.
En clave de seguridad, estas economías funcionan con logística de suministros (combustibles, repuestos) y cobros extorsivos. Por eso la acción contra maquinaria amarilla corta simultáneamente extracción y flujo de caja, afectando a intermediarios y financiadores.
Las autoridades departamentales han pedido mantener presencia y judicializar responsables, incluidos propietarios y operadores de los equipos. Sin ese componente, advierten, los frentes tienden a reinstalarse en nuevas coordenadas, alimentando el conocido efecto desplazamiento.
En paralelo, expertos insisten en complementar el componente represivo con formalización minera, compras responsables y trazabilidad del oro, para cerrar el mercado al metal sin origen certificado y desincentivar la inversión criminal en maquinaria.
Desde la línea oficial, se destacó que el operativo afecta las finanzas del Clan del Golfo y evita daños adicionales a riberas y suelos en Cáceres. La Gobernación de Antioquia y alcaldías del Bajo Cauca pidieron articulación para impedir la reactivación de los frentes.
Líderes comunitarios y organizaciones civiles señalaron la necesidad de alternativas económicas para mineros informales y población vulnerable, a fin de reducir reincidencia y mejorar la gobernanza ambiental en la cuenca del Cauca.
El golpe en Puerto Santo muestra que neutralizar equipos y romper la logística altera la rentabilidad del oro ilegal, pero su sostenibilidad depende de justicia efectiva, monitoreo continuo y trazabilidad en la cadena comercial.
