El expediente incluye chats y audios; los implicados niegan cargos.
La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses, prorrogables al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar de Jesús Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco del escándalo por presunta infiltración relacionada con la estructura disidente de las Farc liderada por alias ‘Calarcá’.
Huertas dirige el Comando de Personal del Ejército (COPER), área clave en traslados y nombramientos. Mejía es alto funcionario de la DNI y recientemente anunció su renuncia a la representación de la Presidencia en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
¿Por qué la suspensión? Es una medida cautelar para proteger la investigación, evitar interferencias y prevenir una posible reiteración de conductas atribuidas mientras se verifica el material probatorio. No es una sanción definitiva ni implica reconocimiento de culpa.
¿Qué investiga la Procuraduría? La indagación gira en torno a presuntos chats, correos y audios obtenidos en 2024 a la red de ‘Calarcá’, que apuntarían a filtraciones sobre movimientos de tropas y operaciones en Antioquia y Catatumbo. Los señalados niegan los hechos y hablan de un montaje.
¿Qué hará el Gobierno? La Presidencia dispuso peritajes forenses para verificar la autenticidad de los mensajes divulgados por medios. Este paso técnico es decisivo para eventuales decisiones administrativas o penales.
. La salida temporal de Huertas obliga al encargo de funciones en el COPER, mientras que en la DNI se ajustan procesos para garantizar la cadena de custodia de la información. En ambos frentes se activaron controles internos.
Colombia ya ha enfrentado episodios de fugas de información en décadas recientes, pero este caso destaca por la jerarquía de los funcionarios bajo la lupa y por la coincidencia con los esfuerzos de diálogos y desescalamiento en varias regiones.
Sectores políticos y de la sociedad civil aplaudieron la celeridad del Ministerio Público, mientras críticos advierten un riesgo de juicio mediático si no se contextualiza la evidencia digital. Las Fuerzas Militares y la DNI han reiterado su colaboración con los entes de control.
En los próximos 90 días se esperan resultados de análisis forenses, descargos de los investigados y posibles compulsas a la Fiscalía. El alcance de la presunta infiltración se medirá por la solidez de la prueba y los ajustes que adopte el aparato de inteligencia.
La decisión envía un mensaje de cautela y transparencia mientras se valida la evidencia. Si las pericias confirman los hallazgos, el Estado deberá blindar protocolos; si no, la prioridad será restablecer la confianza institucional.
