Funcionarios exigen equilibrio en cargas y escuchar la base.
El plantón frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá encendió la discusión sobre los cambios internos impulsados en los últimos meses. Funcionarios agrupados en Asonal Judicial aseguran que la reestructuración generó desequilibrios de trabajo, con despachos que atienden hasta 1.700 procesos frente a otros con cerca de 60, y alertan riesgos para las víctimas de extorsión y secuestro.
La carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo pide mesas de diálogo, revisión técnica de cargas y correcciones en decisiones como la supresión de unidades Gaula en seccionales y el traslado de fiscales a la Dirección contra el Crimen Organizado. Los servidores sostienen que el rediseño debe priorizar la respuesta territorial y la coordinación interinstitucional.
Los ajustes movieron personal especializado hacia Crimen Organizado y eliminaron los Gaulas regionales. Para la base, eso rompió engranajes que articulaban a la Policía, CTI, Ejército y Armada en casos de secuestro y extorsión, delitos que requieren reacción rápida y conocimiento local.
Los funcionarios temen que la sobrecarga frene imputaciones y audiencias, con vencimientos de términos y menor acompañamiento a víctimas. Insisten en que la reforma no puede traducirse en tiempos más largos ni en pérdida de presencia en barrios y veredas.
Asonal solicita auditoría de cargas por despacho, redistribución inmediata de expedientes, refuerzo de equipos de apoyo (analistas, forenses, investigadores) y reglas claras de traslados. También exigen trato igualitario y metas realistas, con indicadores públicos de seguimiento.
La eliminación de los Gaulas en seccionales es vista como un golpe a una “marca operativa” que ayudó a resolver secuestros y extorsiones. Plantean que, si se concentra talento en Bogotá, debe haber compensaciones visibles: grupos móviles, protocolos de coordinación y recursos en territorio.
La protesta revela inconformidad por cómo se socializaron los cambios. Funcionarios con más de una década de experiencia describen jornadas extendidas y audiencias cruzadas, con menos tiempo para estudio de casos y atención a usuarios.
En el plantón también se pidió priorizar gestiones por los agentes de la Dirección de Protección secuestrados por el ELN, recordando que la política criminal se mide en vidas protegidas y libertades recuperadas.
Si la Fiscalía ajusta las cargas y muestra resultados contra extorsión, capturas, imputaciones, desarticulación de redes, el rediseño podría estabilizarse. Si no, la resistencia interna podría crecer y afectar la productividad judicial.
La discusión deja una conclusión práctica: reformar con datos, participación y enfoque en víctimas. La entidad deberá equilibrar la centralización y presencia territorial para que la ingeniería no deteriore el servicio.
