La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) manifestaron este 27 de octubre de 2025 su rechazo a la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Los gremios argumentaron que la Constitución de 1991 sigue siendo el pacto democrático más amplio del país y la vía adecuada para realizar ajustes institucionales. Advirtieron que reemplazarla podría generar inestabilidad política y económica, además de afectar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
La Andi destacó que la Carta de 1991 permitió avances en inclusión, participación y consolidación institucional. Según su presidente, Bruce Mac Master, las transformaciones estructurales que demanda la sociedad deben canalizarse mediante el consenso y la deliberación democrática. Sostuvo que los cambios deben realizarse dentro de los mecanismos previstos por la Constitución, como las reformas debatidas en el Congreso, en lugar de convocar una Asamblea que podría carecer de legitimidad y respaldo suficiente.
Por su parte, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó que cualquier iniciativa de reforma constitucional debe pasar por el Congreso de la República, como instancia natural de representación y control. Advirtió que abrir un proceso constituyente sin el debido consenso podría aumentar la polarización política y generar incertidumbre jurídica, afectando la atracción de capital extranjero.
Los gremios señalaron que, en medio del clima actual de división política, una Asamblea Constituyente podría profundizar la fragmentación social y desincentivar la inversión. Para ellos, la estabilidad institucional es una condición indispensable para el desarrollo económico y el bienestar colectivo. Además, recordaron que la Constitución de 1991 fue producto de un amplio acuerdo nacional, construido con participación ciudadana y diversidad ideológica, lo que la convierte en un símbolo de reconciliación democrática.
Diversos analistas coinciden en que el debate sobre una nueva Constituyente se da en un momento de fuerte polarización. Algunos sectores del gobierno defienden la idea como un camino para avanzar en reformas profundas en materia social y económica, mientras que el sector empresarial y la oposición insisten en que los ajustes deben tramitarse dentro del marco legal vigente para no debilitar la institucionalidad.
Desde el punto de vista económico, los expertos advierten que una Constituyente podría elevar la percepción de riesgo país y afectar las condiciones de financiamiento internacional. Esto, a su vez, podría impactar negativamente la generación de empleo, el flujo de inversión y la estabilidad de los mercados financieros. Por eso, los gremios llaman a preservar la certidumbre y a fortalecer los canales de diálogo entre gobierno, Congreso y sector privado.
Las implicaciones inmediatas del pronunciamiento gremial incluyen un llamado al Congreso para ejercer su papel como moderador y regulador de las reformas estructurales. También marcan un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el sector empresarial, que busca incidir en el rumbo político del país a través del diálogo y la deliberación institucional.
En el plano político, el rechazo empresarial obliga al gobierno a buscar consensos más amplios antes de promover una Asamblea Constituyente. Para los gremios, la estabilidad democrática y económica deben ser prioridad, y cualquier cambio debe garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.
Los líderes empresariales concluyen que Colombia necesita reformas, pero dentro del marco constitucional vigente. La Constitución de 1991, aseguran, sigue siendo el punto de equilibrio entre los derechos sociales, la participación ciudadana y la estabilidad democrática que el país requiere.
Temas: Constitución de 1991, ANDI, AmCham, Gustavo Petro, política colombiana, inversión extranjera, institucionalidad.
