Uso de menor y artefacto explosivo agravan el marco punitivo.
La Fiscalía abrió un nuevo proceso por terrorismo contra Katherine Andrea Martínez Martínez, ya vinculada al expediente por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el caso, la mujer habría participado en la planeación y coordinación de una acción con bomba tipo lapa en Teusaquillo (Bogotá), programada para el 3 de junio, que no se ejecutó por presencia policial.
El ente acusador le imputó el delito de terrorismo; la procesada no aceptó cargos. La hipótesis oficial señala que Martínez habría cumplido tareas de logística, vigilancia y entrega del artefacto a un menor de edad, quien desistió al advertir la presencia de uniformados. Esa conducta, aun sin detonación, sería idónea para configurar el tipo penal.
La clave jurídica está en que el terrorismo no exige que el daño se consuma; basta con actos concretos y orientados a generar intimidación o coacción a la autoridad. La supuesta instrumentalización de un menor y el uso de un explosivo agravan el panorama y podrían elevar la solicitud de medidas de aseguramiento.
Este nuevo frente se conecta con el magnicidio del senador, atacado a tiros el 7 de junio de 2025 y fallecido el 11 de agosto tras permanecer hospitalizado. En ese expediente, la justicia juvenil sancionó a un adolescente y las autoridades han capturado a otros presuntos partícipes, mientras buscan a los determinadores.
Para la defensa, el punto de quiebre será la suficiencia del material probatorio: trazabilidad del explosivo, comunicaciones y vigilancias. Además, podría cuestionarse la cadena de custodia y el alcance de las labores encubiertas.
En términos de política criminal, el caso exhibe un patrón de redes que mezclan sicariato y recursos explosivos. La conexidad entre el plan frustrado y el magnicidio permitiría a la Fiscalía explorar acumulación o coordinación de procesos para una teoría integral.
El episodio en Teusaquillo —una zona de alto flujo y sedes públicas— sugiere que los impactos simbólicos y operativos habrían sido significativos. El objetivo puntual permanece bajo reserva, pero la selección del lugar apunta a máxima visibilidad.
A nivel comparado, procesos por ataques frustrados han sido decisivos para desarticular estructuras: permiten mapear jerarquías, financiamiento y roles. Si la inferencia probatoria prospera, el caso podría acercar a instigadores y financiadores.
El calendario judicial prevé nuevas diligencias, posibles contraperitajes y decisiones sobre medidas restrictivas. La discusión sobre la proporcionalidad de estas medidas frente a la presunción de inocencia volverá al centro del debate.
Organizaciones civiles pidieron fortalecer prevención del reclutamiento de menores por redes delictivas y reforzar inteligencia. Bancadas legislativas reclamaron resultados rápidos y transparentes, con garantías de debido proceso.
Desde la academia, penalistas recuerdan que la tentativa y los actos preparatorios adquieren peso cuando hay capacidad real de daño. El seguimiento del explosivo y la coordinación atribuida a la implicada serán determinantes en juicio.
La ampliación del expediente por terrorismo redefine el tablero: si las pruebas sostienen idoneidad, coordinación y jerarquía, se consolidará la tesis de una red detrás de ambos hechos.
