El órgano de control insiste en que la falta de un decreto oportuno abre la puerta a reclamaciones, tutelas y demandas que podrían terminar costándole más caro al Estado.
En juzgados, tribunales y despachos de todo el país se repite la misma pregunta: ¿cuándo llegará el reajuste de la bonificación judicial? Para cerca de 59.000 empleados del sector justicia, la respuesta sigue siendo incierta. A pocos días de terminar el año, el incremento de ese rubro salarial aún no se ve reflejado en sus nóminas, a pesar de que la bonificación está reconocida en la ley y debe actualizarse cada año. La situación llevó a la Contraloría General de la República a encender una alerta que mezcla preocupación por los derechos laborales y por el impacto que puede tener esta omisión en las finanzas públicas.
La bonificación en cuestión fue creada por el Decreto 383 de 2013 como un componente mensual adicional para los servidores judiciales, que debe ajustarse de acuerdo con el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, en 2025 el Gobierno Nacional no definió ese reajuste a tiempo, pese a que ya han transcurrido once meses del año. Para los trabajadores, esto significa que han pasado casi todo el calendario sin el incremento que esperaban y que consideraban parte de su ingreso.
Para muchos empleados de la rama judicial, el retroactivo de ese reajuste representa la posibilidad de ponerse al día con deudas, cubrir gastos educativos de sus hijos o enfrentar el aumento general del costo de vida. La ausencia del decreto, por ahora, aplaza esos planes y deja la sensación de que el compromiso del Estado con sus propios trabajadores no se está cumpliendo a cabalidad. Desde los sindicatos y asociaciones del sector, se han elevado varias solicitudes formales para que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional adopten las medidas necesarias y destraben la situación.
La Contraloría, al pronunciarse sobre el caso, subrayó que la omisión no es un simple trámite administrativo. En su concepto, la falta de reajuste vulnera el derecho de los funcionarios a recibir su salario y prestaciones bajo las condiciones establecidas en la normatividad vigente. Además, advirtió que la demora expone al Estado a una ola de reclamaciones administrativas, acciones de tutela y demandas que podrían desembocar en el pago de retroactivos con intereses y costos adicionales, elevando significativamente la cuenta final para las arcas públicas.
Desde el punto de vista fiscal, el organismo de control alertó que el no reconocimiento oportuno de la bonificación genera pasivos contingentes que no están debidamente registrados en la planeación presupuestal. Si el reajuste se termina reconociendo de manera tardía, el Ministerio de Hacienda se vería obligado a reacomodar partidas o a buscar nuevas fuentes de financiación, lo que afectaría el equilibrio presupuestal de la entidad y de vigencias futuras. La sostenibilidad fiscal, remarcó la Contraloría, no puede construirse sobre la base de derechos laborales postergados.
La entidad también hizo énfasis en la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno y las entidades del sector justicia para planear con anticipación este tipo de pagos. Una expedición oportuna del decreto, señaló, habría evitado la acumulación del retroactivo y el riesgo de que el tema termine resolviéndose en los estrados, precisamente donde trabajan los mismos funcionarios afectados. Para la Contraloría, este caso es un llamado de atención sobre la importancia de conciliar la disciplina fiscal con el respeto estricto a los derechos laborales.
Mientras tanto, el inconformismo crece entre los empleados judiciales. Aunque la alerta de la Contraloría respalda su reclamo y pone presión sobre el Ejecutivo, los trabajadores siguen sin una fecha clara para recibir el dinero. El desenlace del caso dependerá de la rapidez con la que el Gobierno firme y ejecute el decreto, pero también de la capacidad institucional para reconocer a tiempo el impacto real de estas decisiones en la vida de las personas y en la salud de las finanzas públicas.
El retraso en la bonificación judicial se ha convertido en un tema clave para entender la situación laboral del sector justicia en Colombia y la forma como el Estado gestiona sus compromisos salariales. La advertencia de la Contraloría, que combina argumentos humanos y fiscales, pone en el centro del debate la necesidad de conciliar derechos adquiridos, sostenibilidad presupuestal y eficiencia en la gestión del Ministerio de Hacienda. Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo para miles de familias judiciales, pero también para medir la capacidad del Gobierno de cumplir sus obligaciones y evitar nuevos riesgos fiscales por decisiones tardías.
