Inpec, MinJusticia y Presidencia, llamados a detallar recursos y órdenes.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió investigación previa al presidente Gustavo Petro por el denominado “tarimazo” del 21 de junio de 2025 en La Alpujarra (Medellín). El acto, enmarcado en la paz urbana, llevó a cabecillas condenados desde la cárcel de Itagüí hasta una tarima oficial, con autorizaciones temporales que ahora serán auditadas en su legalidad y costo.
La fase preliminar —registrada en el expediente 6992— ordenó recolección de pruebas y oficios a Inpec, Ministerio de Justicia y Presidencia para establecer la ruta administrativa y financiera del evento. La Comisión también solicitó a RTVC la transmisión completa para verificar tiempos, anuncios y responsabilidades.
El eje jurídico se centra en si los traslados de personas privadas de la libertad cumplieron con el régimen penitenciario, los protocolos de seguridad y la finalidad institucional. El detalle de quién firmó y con qué soporte cada movimiento será determinante para descartar usurpación de funciones o faltas disciplinarias.
En la dimensión económica, la Comisión pidió identificar costos directos e indirectos: logística, custodias, vehículos oficiales, horas extra, esquemas de seguridad y producción audiovisual. El objetivo es medir la eficiencia del gasto y si se siguieron los procedimientos de contratación o apoyos interinstitucionales previstos.
El caso también revisará la planeación de riesgos: ¿hubo análisis de amenaza previo?, ¿qué contingencias se establecieron para la presencia de condenados en un acto público?, ¿cómo se coordinó la cadena de mando entre custodios y organizadores? Estas preguntas buscan estandarizar futuros eventos con actores de alto riesgo.
A nivel político, la controversia creció por la carta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a agencias de EE. UU., en la que alerta sobre la seguridad y cuestionó que los condenados fuesen presentados como “voceros de paz”. Ese documento es hoy un insumo para evaluar impactos reputacionales y cooperación internacional.
El Gobierno sostiene que la paz total requiere señales verificables y gestos públicos que incentiven reducciones de violencia. Sus críticos alegan revictimización y debilitamiento de la autoridad del Estado, además de potencial mal uso de recursos.
En comparación internacional, programas de interrupción de violencia han incorporado mediadores con pasado criminal, pero rara vez se han expuesto condenados en tarimas oficiales; por ello, Medellín se convierte en un caso de estudio sobre forma, fondo y costo de los símbolos.
Si la Comisión no halla irregularidades, el expediente podría archivarse. De lo contrario, escalaría a etapas formales con eventuales responsabilidades. El resultado, cualquiera que sea, servirá para ajustar protocolos de eventos con PPL y optimizar gasto y seguridad.
Mientras se procesan respuestas y facturas, el país mira la letra menuda: ¿las decisiones se tomaron con criterios de legalidad y eficiencia? La conclusión sentará precedente para futuros actos de paz urbana.
