Gobierno habla de riesgo inminente; Defensoría reporta menores entre las víctimas.
La jornada comenzó con un reporte de inteligencia: movimientos de una columna armada del Estado Mayor Central (EMC), estructura asociada a ‘Iván Mordisco’, en zona selvática del Guaviare. Mandos en tierra advirtieron posible emboscada contra un pelotón de 20 soldados que patrullaba en un eje fluvial y terrestre de alto riesgo.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro defendió más tarde la autorización de un bombardeo para “evitar una masacre de uniformados”. En paralelo, la representante Cathy Juvinao cuestionó la coherencia gubernamental y sostuvo que el EMC se fortaleció, reabriendo un pulso político que ya venía acumulando tensiones.
A partir de ahí, los hitos. Primero, el dispositivo aéreo: sobrevuelos, adquisición de blanco y verificación de condiciones climáticas. Segundo, el ataque: una descarga precisa en un lapso de minutos para neutralizar al grupo y desarticular una supuesta maniobra de cerco. Tercero, la fase de aseguramiento: tropas de apoyo ingresaron a la zona para consolidar terreno y levantar información.
Tras el operativo, circularon balances preliminares de “neutralizaciones” y material incautado. El Gobierno presentó el resultado como una acción necesaria dentro de su combinación de presión militar y negociación, insistiendo en que la paz exige autoridad efectiva y control territorial sostenible en corredores cocaleros.
Luego llegaron los primeros cuestionamientos. La Defensoría del Pueblo informó indicios de menores de edad entre los fallecidos, lo que activó protocolos de verificación y puso bajo la lupa la proporcionalidad, la selección del objetivo y la precaución exigidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En el ring político, Juvinao pidió explicaciones públicas y control político en el Congreso, al tiempo que la oposición reclamó claridad sobre reglas de enfrentamiento y cadena de mando. Desde el oficialismo, voces llamaron a no deslegitimar a la tropa y a diferenciar entre víctimas civiles y reclutamiento forzado por parte de grupos armados.
La narrativa presidencial señaló que el fortalecimiento del EMC se incubó en incumplimientos del Acuerdo Final en años previos. Los detractores, por su parte, afirmaron que las conversaciones y los ceses parciales habrían facilitado reacomodos delictivos. El país volvió a dividirse entre quienes priorizan la disuasión militar y quienes enfatizan la prevención de daños colaterales.
En la región, las comunidades retoman una realidad conocida: selva densa, economías ilícitas y presencia institucional intermitente. La geografía complica la verificación en terreno y la trazabilidad de víctimas, por lo que se pide un informe técnico independiente que detalle inteligencia, medios empleados y criterios de valoración del blanco.
Organizaciones civiles insistieron en rutas de atención a familias y garantías de no repetición. Expertos en seguridad recordaron que golpes aéreos pueden fracturar mandos, pero no sustituyen la estabilización: justicia local, oferta social y persecución financiera a rentas ilegales.
Con las miradas puestas en los informes oficiales y la revisión de protocolos, la agenda pública se moverá entre auditorías, debates de control y exigencias de transparencia. El desenlace sentará precedentes operacionales y políticos sobre el uso de la fuerza en contextos de negociación.
La Defensoría reiteró la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes y pidió verificación interinstitucional en sitio. Bancadas opositoras anunciaron citaciones al ministro de Defensa, mientras sectores del Gobierno defendieron la operación como respuesta a una amenaza cierta sobre tropas.
A corto plazo, se anticipan informes pormenorizados y revisiones internas de inteligencia táctica. A mediano plazo, el pulso Petro–Juvinao puede redefinir márgenes de la “paz total” y el estándar de rendición de cuentas en operaciones aéreas.
El caso Guaviare deja una pregunta central: ¿cómo equilibrar eficacia militar y salvaguarda de civiles en zonas de reclutamiento forzado? La respuesta exigirá datos verificables, transparencia y política pública sostenida.
