Qué dijeron Gobierno, oposición y usuarios; qué falta por probar.
El nombre de la Nueva EPS volvió al centro del debate nacional luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmara que la entidad habría presentado “contabilidad falsa”. La acusación llega en un momento de alta sensibilidad por la reforma a la salud y coincide con la convocatoria a una movilización el 21 de enero.
El Gobierno defiende que las intervenciones a las EPS buscan proteger a los afiliados, ordenar pagos y garantizar continuidad en tratamientos. El choque político escala porque cruza la credibilidad del sistema con el clima preelectoral y la relación entre Ejecutivo y oposición.
¿Qué se dijo exactamente? Uribe pidió “defender las banderas” y “traer el voto en la mano”, lenguaje que pretende convertir la inconformidad en músculo ciudadano. Aseguró que en la Nueva EPS se encontró “contabilidad falsa”, un señalamiento que, de comprobarse, implicaría sanciones y eventuales cambios de gobierno corporativo.
¿Qué ha pasado con la Nueva EPS? Tras su intervención en 2024, la entidad activó planes de mejora y ajustes de flujo de caja. Gremios hospitalarios reclaman pagos atrasados y usuarios reportan barreras de acceso en algunas regiones. La Supersalud insiste en que la medida es temporal y correctiva.
¿Cómo puede afectar a los afiliados? En lo inmediato, las citas y tratamientos no deberían suspenderse por la controversia política. Sin embargo, la incertidumbre financiera sí puede generar presiones sobre redes de prestadores y cronogramas de pago, un punto clave para clínicas y laboratorios.
¿Qué dicen los expertos? Economistas de la salud advierten que el sistema necesita reglas estables y supervisión efectiva para evitar quiebras en cadena. Subrayan que términos como “contabilidad falsa” deben respaldarse con pruebas auditables y actuaciones de las autoridades, para no erosionar la confianza pública.
¿Hay impacto internacional? El discurso opositor también cuestiona la política exterior —en particular los roces con Israel— y la conecta con riesgos económicos. El Gobierno replica que su línea se ajusta a estándares de derechos humanos y que el frente sanitario es una prioridad de gestión.
¿Qué esperar del 21 de enero? La oposición intentará unificar malestares en torno al costo de vida, la seguridad y la salud. Para el Ejecutivo, será una prueba de orden público y de narrativa: mostrar indicadores de atención y compromisos de pago será clave para contrarrestar la calle.
¿Qué deben vigilar los ciudadanos? Fechas de entrega de medicamentos, cumplimiento de rutas integrales y respuesta a PQR. También, los comunicados de la Superintendencia y de la Nueva EPS con cifras verificables, más allá del ruido político.
Si la denuncia de “contabilidad falsa” prospera con evidencia, se abriría camino a sanciones y eventuales reestructuraciones. Si no se demuestra, el costo reputacional recaerá en quien lanzó el señalamiento. En ambos escenarios, la prioridad es proteger la atención y la estabilidad financiera del sistema.
