La frontera y el ELN, factores que tensionan el día después.
Arauca vivió una ofensiva aérea de precisión contra el círculo de Ómar Pardo Galeano, ‘Antonio Medina’, señalado jefe del Frente 28 del Estado Mayor Central (EMC). La operación, autorizada por el Gobierno, buscó desarticular mando, logística y finanzas en un corredor donde se cruzan extorsión, secuestro y paso a Venezuela.
El ataque se ejecutó en área rural con apoyo de inteligencia y posterior aseguramiento en tierra. En el objetivo se estimaba un anillo armado que protegía al cabecilla. La verificación forense y los análisis de campo siguen en curso, mientras autoridades despliegan controles en vías y riberas del río Arauca.
‘Medina’ es mencionado por autoridades como articulador del recaudo extorsivo a ganaderos, transportadores y comercios rurales en Arauca y Casanare. También se le atribuye la coordinación de rutas logísticas y de comunicaciones con otras células del EMC.
La extorsión funcionaba como un “impuesto” que afectaba flujo de caja de pequeños y medianos productores. Con el bombardeo, el Gobierno aspira a romper la cadena de cobros, encarecer la movilidad de armas y disminuir la capacidad de fuego del EMC en el oriente.
La porosidad de la línea limítrofe y los pasos ilegales facilitan escapes y abastecimiento. Informes de seguridad han descrito campamentos transfronterizos que sirven de retaguardia, lo que obliga a operaciones quirúrgicas y de corta duración.
El ELN disputa el territorio con el Frente 28. Cada golpe a una estructura puede traducirse en reacomodos violentos si el Estado no ocupa con presencia institucional. Las comunidades piden protección y apoyo económico para sortear el “día después”.
En 2023, la JEP expulsó a ‘Medina’ por rearme, cerrando opciones de justicia transicional. La Policía lo incluye como objetivo de alto valor, con órdenes de captura vigentes en la justicia ordinaria.
En ofensivas previas contra el EMC, la verificación de blancos y el respeto al DIH han sido eje de debate público. El uso de munición guiada y reconocimiento previo pretende minimizar riesgos a civiles y evitar la presencia de menores en los campamentos
Si el recaudo extorsivo se reduce, los productores podrían normalizar rutas y ventas. Sin embargo, los expertos advierten que otras células pueden intentar llenar el vacío. La clave: inteligencia financiera, judicialización de cobradores y acompañamiento a víctimas.
Mandos militares califican la operación como “afectación significativa” a la estructura. Desde organizaciones sociales, la prioridad es prevenir retaliaciones, garantizar clases y abastecimiento, y activar rutas de atención para desplazamientos o confinamientos.
Analistas reconocen que un golpe a la caja del Frente 28 dificulta su sostenimiento, pero advierten sobre reacomodos si no hay presencia estatal sostenida en veredas y riberas.
El caso ‘Medina’ es una jugada para frenar finanzas criminales y movilidad armada en la frontera. El impacto real se medirá en la seguridad de civiles y en la caída del cobro extorsivo en los próximos meses.
