Del contacto privado al anuncio público.
La política colombiana sumó un capítulo inesperado luego de que Gustavo Petro afirmó haber hablado personalmente con Álvaro Uribe Vélez para invitarlo a acudir juntos a la JEP. El mensaje, lanzado en un escenario internacional en Santa Marta, buscó poner la verdad en el centro del debate.
La propuesta abrió preguntas inmediatas: ¿cuál fue el contexto de la comunicación?, ¿qué alcance tendría una comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz?, ¿y qué pasos seguirán si el exmandatario acepta? Esta es la cronología y las claves para entender el anuncio.
En los días previos a la cumbre, el Gobierno venía insistiendo en la centralidad de las víctimas y en la necesidad de verdad plena para superar la polarización. El discurso de Santa Marta condensó esa narrativa en una frase corta y potente: “Hermano, vamos a la JEP”.
El contacto directo con Uribe —según el propio Petro— fue el punto de partida. No hubo detalles de fecha exacta ni contenidos de fondo, pero sí una señal política: llevar la disputa más simbólica de la última década al terreno institucional de la justicia transicional.
La JEP, por diseño, prioriza la verdad, la reparación y la no repetición, con incentivos para quien reconozca responsabilidad y aporte información útil. En términos prácticos, un eventual sometimiento requiere solicitud formal, rutas de aporte a la verdad y sanciones restaurativas verificables.
Para el uribismo, el gesto del Presidente abre un dilema: aceptar podría reencuadrar su relato hacia el esclarecimiento; rechazar mantendría la contienda en la plaza pública. En ambos casos, el foco se desplaza a víctimas y hechos.
Analistas coinciden en que el anuncio reordena la agenda: de la confrontación discursiva a los expedientes y versiones bajo reglas judiciales. El costo reputacional de cualquiera de las rutas —aceptar o declinar— dependerá de la percepción de autenticidad y del cumplimiento de estándares.
En el Congreso y en los partidos, la frase activó posiciones encontradas: sectores ven una oportunidad de despolarizar; otros temen una instrumentalización. El elemento común es la exigencia de reglas claras y verificación independiente.
Las organizaciones de víctimas pidieron que cualquier paso incluya participación incidente, compromisos medibles (búsqueda de desaparecidos, actos de reconocimiento, medidas de reparación) y seguimiento público con cronogramas.
En el frente internacional, el mensaje fue leído como un intento de blindar la justicia transicional del Acuerdo de 2016, al trasladar disputas de alto voltaje a mecanismos creados por el Estado con acompañamiento de observadores.
En la rama judicial, voces consultadas señalaron que una comparecencia de alto perfil exigiría protocolos estrictos y coordinación con las salas competentes, con énfasis en verdad exhaustiva y compromisos restaurativos. El cumplimiento sería auditable.
En la opinión pública, el anuncio dividió: para unos, un gesto de grandeza que reduce el ruido; para otros, una jugada que debe medirse por hechos. La clave será si se traduce en actos verificables.
Más que una frase, el “vamos a la JEP” inaugura una ruta con hitos, documentos y decisiones. El reloj corre y el país espera el siguiente movimiento.
