El tema se tratará en reuniones bilaterales al margen de la cumbre.
Colombia confirmará durante la cumbre de la CELAC en Santa Marta que pedirá formalmente a Venezuela la liberación de 18 connacionales detenidos. La solicitud, según la Cancillería, se hará en espacios bilaterales previstos al margen del encuentro, con el objetivo de cerrar un ciclo que dejó avances en octubre.
Las familias de los detenidos y organizaciones de derechos humanos esperan calendarios claros y un mecanismo de seguimiento. La apuesta del Gobierno colombiano es que la agenda multilateral sirva de ventana política para acordar verificaciones, revisiones de expedientes y retornos humanitarios.
Tras la excarcelación de 17 colombianos en octubre, la cifra pendiente quedó en 18, con procesos en distintas etapas. Autoridades consulares colombianas han mantenido acompañamiento en centros de reclusión y coordinación con defensas, a la espera de decisiones judiciales o administrativas en territorio venezolano.
En Santa Marta se prevén reuniones entre los equipos de Exteriores de ambos países. Colombia busca compromisos por escrito que incluyan revisión de medidas de aseguramiento, priorización de casos con mayor tiempo de detención y definición de puntos de entrega fronterizos en caso de excarcelaciones.
El antecedente de octubre mostró que, con coordinación binacional, es posible organizar corredores humanitarios, evaluaciones médicas y documentación previa al cruce de frontera. Para esta fase, la Cancillería contempla fortalecer los equipos de recepción y el enlace con autoridades regionales.
Fuentes diplomáticas consultadas por la prensa, han señalado que la vía técnica caso por caso, facilita resultados, siempre que exista voluntad política en el nivel ministerial. Por ello, la expectativa se centra en una hoja de ruta conjunta que establezca metas de corto y mediano plazo.
Expertos en relaciones exteriores destacan que las cumbres permiten paquetes humanitarios con verificación posterior. En este caso, una lista nominal y un cuadro de plazos serían piezas clave para medir el cumplimiento y dar certidumbre a las familias.
Las proyecciones oficiales incluyen acciones de reintegración para eventuales liberados: traslado seguro, atención psicosocial, afiliación a servicios de salud, orientación laboral y acompañamiento en denuncias o trámites pendientes. La coordinación con gobernaciones fronterizas será fundamental.
Organizaciones civiles insisten en que el proceso adopte estándares de transparencia y acceso a información para familiares. Piden garantizar comunicación estable con defensas y defensorías, y que se resguarde la integridad de quienes permanezcan detenidos.
Si la cumbre produce anuncios, Colombia prevé comunicar resultados verificables y un mecanismo de actualización periódica. De no ocurrir, el Gobierno mantendrá la ruta consular y los canales diplomáticos abiertos, con el foco en el cierre humanitario de los 18 casos.
Colectivos de víctimas ven en la CELAC una oportunidad para concluir la fase pendiente y reducir la incertidumbre. Analistas señalan que un acuerdo enviaría una señal de confianza bilateral y reforzaría la cooperación en frontera y movilidad humana.
Desde Venezuela, el discurso oficial suele remarcar la soberanía judicial. En ese contexto, observadores creen que cualquier avance dependerá de fórmulas que respeten competencias internas y al tiempo atiendan los requerimientos humanitarios.
La CELAC se perfila como el escenario para destrabar los expedientes restantes y dar un mensaje a las familias. Con una hoja de ruta clara y verificación consular, el proceso podría acelerar.
